La inversión pública para ese fin será de alrededor de 55,000 millones de pesos, pero se requiere invertir entre 85,000 y 430,000 millones de pesos al año y de manera sostenida durante al menos una década, para garantizar la sustentabilidad y seguridad hídrica en el país.

Mientras especialistas plantean que México requiere invertir anualmente entre 85,000 y 430,000 millones de pesos al año de manera sostenida durante al menos una década, para garantizar la sustentabilidad y seguridad hídrica, el gobierno federal pretende invertir en 2024, alrededor de 55,400 millones de pesos, con lo cual el rezago en infraestructura en el sector se continuará acumulando.

De acuerdo con Verónica Martínez, consultora independiente del Banco Mundial, para cumplir con los objetivos del sector, en términos de acceso al agua de buena calidad, saneamiento, alcantarillado, entre otras clases de equipamiento, se requiere que el gobierno destine un presupuesto anual de 85,000 millones de pesos en un lapso continuo de los próximos 10 años.

Por su parte, Hugo Roberto Rojas Silva, consultor en economía del agua explicó que, en el año 2000, la Cepal determinó que para cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en la Agenda 2030, un país como México necesitaría invertir en el subsector de agua y saneamiento el equivalente a entre 0.25 y 0.30% de su Producto Interno Bruto y de manera sostenida, durante 10 o 15 años, lo cual no ocurrió.

Ante esa situación, continuó, el país presenta hoy un rezago importante y se explica porque se trata de inversiones que no son políticamente rentables.

Recordó que este año se realizó en Nueva York el Foro del Agua, donde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que, dado que no se hicieron las inversiones necesarias en el subsector recomendadas en años anteriores y como ahora las necesidades son mayores, debido a que envejeció la infraestructura existente, ahora se requiere una inversión pública y privada equivalente a 1.3% del PIB para garantizar la transición hídrica sostenible. Eso significa que México debería invertir alrededor de 430,000 millones de pesos anuales durante 10 años, pero solo para abatir el rezago existente, pues a 2030, todo parece indicar que no se van a cumplir las metas de los ODS.

El consultor Hugo Roberto Rojas Silva explicó que para 2024 se pretende invertir alrededor de 55,433 millones de pesos para obras de infraestructura para el agua, distribuidos de la siguiente manera:

35,343.43 millones de pesos, contemplados en el ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales.
2,612 millones de pesos de Proagua, que es el que se asigna a operadores municipales.
9,478 millones del programa Provisiones para el desarrollo de infraestructura hidráulica.
8,000 millones de pesos, proveniente de organismos locales.

Presupuesto anual de Conagua durante Gobierno de AMLO no alcanzó niveles de 2014 y 2015

Por otra parte, para 2024 el presupuesto para la Comisión Nacional del Agua será de alrededor de 62,985 millones de pesos, lo cual representa una reducción de alrededor de 5,500 millones de pesos respecto a lo aprobado para 2023.

Con ello se rompe una cadena de crecimiento del presupuesto observada de 2021 a 2023, particularmente para 2023, cuando el crecimiento respecto de 2022 fue considerable, al pasar de 33,900 millones de pesos a 68,485 millones de pesos.

Si se observan los datos de las cantidades destinadas anualmente a Conagua de 2012 a la fecha se observa que 2014 y 2015 (durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto) tuvo su presupuesto más alto, pues se aprobó 74,900 millones y 74,000 millones de pesos, respectivamente.

En 2018 la cifra fue de 33,900 millones de pesos y de ahí, ya en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue bajando año con año, hasta llegar a 26,600 millones de pesos en 2021, para luego subir a 33,900 millones de pesos en 2022.

Por su parte el diputado Braulio López Ochoa Mijares expuso que se debe insistir en que el presupuesto para el agua se mantenga o incremente, ya que en la propuesta 2024 se reduce 45.7% para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y 23.3% para agua potable y drenaje, cuando sólo trabaja el 20% de las plantas de saneamiento del país y 28 millones de personas no tienen drenaje.

Con información de El Economista.