El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) asegura que el plan del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contra la inflación será poco exitoso y limitado, porque la reducción de ésta será solo de un punto porcentual al final de 2022.

“El programa de combate a la inflación y a la carestía tiene pocas posibilidades de ser exitoso en reducir sensiblemente la inflación”, señaló el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de empresas de primer nivel en México.

Los 24 productos en los que se centra la solicitud del gobierno son en su mayoría solamente parte de los genéricos correspondientes del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), los cuales representan una cuarta parte de la inflación anual, según la institución encargada de elaborar análisis e investigación de la coyuntura económica de México.

De lograrse el freno de los precios de los 24 precios, su alcance dentro del índice sería limitado y tardaría mucho en reflejarse en la inflación anual, agregó el organismo fundado en 1963 ante la necesidad del sector empresarial de contar con investigación económica y política, objetiva e independiente.

“Si todos los bienes de los genéricos a los que pertenecen esos 24 productos se mantuvieran sin cambio en sus precios de abril el resto del año, la reducción de la inflación al final de 2022 por esa razón sería de sólo alrededor de un punto porcentual”, planteó el CEESP.

A la primera quincena de abril de 2022, la inflación anual —es decir el incremento porcentual del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) respecto a la misma quincena del 2021— alcanzó 7.72 por ciento, una tasa no vista desde hace 20 años.

Las presiones inflacionarias afectan el poder adquisitivo de los hogares y comienzan a incidir en las revisiones salariales.

“Después del aumento del salario mínimo que alcanzó 22 por ciento en total, en marzo pasado los incrementos de los salarios contractuales ya rebasaron a la inflación al promediar 8.1 por ciento. El salario base de cotización del IMSS creció 10.5 por ciento y ha estado por arriba de la inflación en los últimos tres años”, expresó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

Recuerda que la tasa de inflación en México es sustancialmente menor a la de países como Estados Unidos y otras economías avanzadas, así como en muchas naciones emergentes.

“Los orígenes de la inflación son las disrupciones en las cadenas de oferta globales, elevados costos de transporte y fletes internacionales, fuertes aumentos de la demanda agregada (especialmente en Estados Unidos a raíz de las transferencias excepcionalmente cuantiosas a los ingresos de los hogares durante la pandemia) y la elevada liquidez monetaria producto de los programas de alivio financiero en las economías avanzadas”, expuso el organismo dependiente del CCE.

Añade que hoy la inflación en México viene primordialmente del exterior, pero amenaza con tomar fuerza propia interna por el lado de los salarios y por la formación de las expectativas de la misma.

“Obviamente ello revive múltiples preocupaciones relacionadas con lo vivido en las últimas décadas del siglo pasado, cuando a menudo la inflación parecía no tener remedio”, destacó.

Dado su origen principalmente exógeno, hoy es más difícil que en otras épocas encontrar soluciones internas para lograr una reducción expedita al aumento de los índices de precios mientras las presiones del exterior se mantienen, declara el CEESP.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está particularmente preocupado por el brote de la inflación, posiblemente debido al efecto que pueda tener en el poder de compra y el ánimo de su base electoral, entre otras razones.

El fundador de Morena ha anunciado que trabaja en un programa de combate a la inflación y a la carestía, el cual presentará el próximo 4 de mayo con un grupo de empresas distribuidoras de alimentos y otros productores. 

El mandatario dijo que se asegurará un precio único y “parejo” para “la canasta básica” .

Cuando se cuestionó al presidente de la República si su plan antiinflacionario es un control de precios, respondió: “No, es control de precio, vamos a garantizar precios de garantía en maíz, en frijol, en arroz y en leche”.

“El interés del presidente es simplemente afirmar en el futuro, en unos seis meses, que la canasta a la que se refiere no aumentará de precios. No sería la primera vez en la que en su discurso descalificó la validez de indicadores generales y robustos como es el INPC”, aseveró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

Sin embargo, intentar la prevalencia de un solo precio para el conjunto de mercancías anunciado sería posible sólo mediante un control de precios, afirmó.

“La idea es una especie de pacto negociado que buscará efectos durante 6 meses para reducir o contener la presión sobre los precios de 24 productos. En las primeras reuniones las autoridades de Economía y Hacienda aseguraron que no se busca un control de precios con topes”, comentó el organismo.

“El programa de combate a la inflación y a la carestía es un instrumento similar al Pacto de Solidaridad Económica que se usó a fines de los años 80 y principios de los 90 para combatir la inflación en México, de manera más o menos parecida a otros programas heterodoxos de la época como los planes Real y Austral de Brasil y Argentina”, agregó el CEESP.

El programa de combate a la inflación y a la carestía tendrá que diferir mucho del Pacto de Solidaridad Económica de los 80s y 90s, expuso. 

“El Pacto de Solidaridad Económica  utilizaba ‘anclas’ macroeconómicas para enfriar la inercia inflacionaria. Era tripartita y cada parte aportaba algo concreto y poderoso: el gobierno se comprometía a un ajuste fiscal sustancial y a mantener una cierta trayectoria del tipo de cambio a futuro; los sindicatos moderaron sus aspiraciones salariales basándose en la inflación esperada o programada hacia adelante en vez de la pasada; y el gobierno negociaba ampliamente con el sector privado organizado una contención de precios”, recordó.

“A diferencia de los tiempos del Pacto, hoy los acuerdos de precios están en principio prohibidos por la ley de competencia económica”, destacó.

Con información de Forbes.