En el marco de la conmemoración de la Constitución el Ejecutivo Federal presentó cerca de veinte propuestas de reformas constitucionales dentro de las que se pueden advertir varias de corte social como el establecimiento de una pensión para adultos mayores de 60 años, apoyos a personas con discapacidad, salud gratuita para los mexicanos, garantizar la vivienda y el aumento del salario mínimo por arriba de la inflación, así como que el salario de maestros, policías, médicos y militares sea siempre igual al salario de los trabajadores formales, incluido el tema de pensiones en el sentido de garantizar la jubilación al 100 por ciento mediante la creación de un fondo, entre otras que en principio pueden percibirse como favorables dado el entorno económico y social actual.

No obstante, dentro de dichas propuestas se encuentran algunas tendientes a establecer mecanismos de control directo por parte del Ejecutivo Federal al pretender reducir el número de Diputados y Senadores en el Congreso alineado al número de representantes que se requiere para obtener mayorías calificadas en la aprobación de reformas constitucionales, así como el que magistrados y jueces sean elegidos por voto popular de entre candidatos propuestos por el propio titular del Ejecutivo Federal, el Congreso y el Poder Judicial; situación que afecta la estructura de pesos y contrapesos sobre la cual descansa el Poder Supremo de la Federación conforme a nuestra Constitución, misma que establece que dicho Poder estará dividido para su ejercicio en Tres Poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, lo cual garantiza que ninguno de éstos interfiera en las esferas de competencia y por ende se generen abusos, o en su caso, se concentre el poder en uno solo de ellos, lo cual derivado de estas propuestas, de ser aprobadas, podría cambiar.

Aunado a lo anterior e igualmente desconcertante, se presentaron propuestas que pretenden desaparecer por completo o que trasgreden la función de Instituciones y Órganos Autónomos resultado de la lucha realizada por la Sociedad Civil para lograr transparencia en las actividades de la Administración Pública así como establecer una actividad económica justa en el país y garantizar el proceso electoral como los son el INAI, la COFESE y el INE, pretendiendo centralizar sus funciones dentro de las atribuciones del Gobierno Federal, además de restringir los procesos de otorgamiento de algunas concesiones que seguramente afectarán la economía nacional como lo son en temas de minería, agua y energía. 

Estas son algunas de las propuestas que en mi opinión merecerán especial atención al proceso legislativo correspondiente. Considero que con independencia de los fines políticos o electorales que podamos advertir en ellas, las de corte social como lo son: el reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos, la prohibición al maltrato animal así como del uso de vapeadores o consumo de fentanilo, etc., no afectan de manera relevante el devenir económico-social de los mexicanos, situación que sí se presentará si las propuestas relacionadas con la integración del Congreso, del Poder Judicial y la desarticulación de Organismos Autónomos prosperan.

Por ello resulta de vital importancia que en la próxima contienda electoral se asuma con responsabilidad el compromiso que nuestra Constitución nos confiere al poder elegir libremente a nuestros gobernantes y a quienes desde el Congreso tendrán la encomienda de votar a favor o en contra de las propuestas de reforma a nuestra Constitución, manteniendo o desequilibrando el ya comentado sistema de pesos y contrapesos que de manera eficiente o no, hoy por hoy ha logrado contener sucesos en contra del Estado de Derecho que toda sociedad requiere.

M.D.C.I MAYRA J. ACOSTA CHÁVEZ

Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Corporativo Internacional.
Socia fundadora y Directora General de la firma A & M Asesoría Corporativa, S.C.
Cuenta con experiencia de más de 24 años como asesora en materia Corporativa y Fiscal Empresarial.
Contacto: [email protected]