TOLUCA, MÉXICO – Una disputa legal por un pago de $70 millones de dólares entre Stellantis y su proveedor, ZF Chassis Modules, ha detenido por completo las operaciones en la planta de ensamblaje de Toluca. La parálisis, iniciada el pasado 14 de marzo, ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad del modelo de manufactura just-in-time (justo a tiempo) en el comercio transfronterizo.
El núcleo del impacto económico
El cierre de la planta de Toluca no solo afecta la producción local de los modelos Jeep Compass y Cherokee, sino que pone en riesgo el flujo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
- Escalada de costos: Stellantis afirma haber pagado ya más de $26 millones de dólares y aceptado incrementos previos en diciembre; sin embargo, la nueva demanda de $70 millones por parte del proveedor llevó el caso a los tribunales de Michigan.
- Efecto dominó: La interrupción amenaza con frenar también la planta de Windsor, Ontario, que emplea a 4,300 personas. Una orden judicial ha obligado al proveedor a mantener envíos mínimos hacia Canadá para evitar un colapso laboral masivo.
El riesgo logístico y el modelo «Just-in-Time»
Esta crisis resalta la fragilidad de la logística automotriz actual. Al depender de envíos constantes de piezas para evitar el almacenamiento, cualquier interrupción en los fletes por camión o ferrocarril puede dejar inactivas las líneas de ensamblaje en cuestión de 48 a 72 horas.
El impacto se extiende a los servicios de transporte de carga que mueven componentes de suspensión a través de las fronteras, afectando la rentabilidad de las empresas de logística que operan en el corredor comercial de América del Norte.
Contexto de crecimiento interrumpido
La huelga de facto ocurre en un momento de auge para Stellantis en México. Según datos recientes del INEGI:
- Producción al alza: En febrero, la empresa fabricó más de 40,800 vehículos, un crecimiento del 29.4% respecto al año anterior.
- Exportaciones récord: El envío de unidades al extranjero creció un 38.6%, alcanzando las 30,401 unidades.
Con una fuerza laboral combinada de más de 6,500 empleados entre las plantas de Toluca y Saltillo, la resolución de esta disputa en las cortes de Michigan es crítica para mantener el ritmo de crecimiento industrial del sector automotriz mexicano en 2026.
