- Hacen falta que existan los mecanismos de defensa en caso de que sufran una extorsión los transportistas, señala ex delegado de la Canacar en Mexicali
Pese a que han solicitado en tres ocasiones al Congreso del Estado de Baja California que se armonice la ley estatal de movilidad con la federal, esto no ha sucedido, lo que ocasiona que continúe un estado de incertidumbre en el sector transportista debido a que no existen los lineamientos y en general mecanismos establecidos para defenderse en caso de ser sancionados por las autoridades que regulan al autotransporte de carga.
Lo anterior así lo consideró el Vicepresidente regional del Comité de Grúas de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) zona Noroeste, la cual contempla a Baja California, Baja California Sur y Sonora, Luciano Jiménez Laveaga, quien destacó que aunque han girado oficios a los diferentes presidentes del Congreso más recientes, no se ha prestado atención al tema, por lo que hizo el llamado a que se avance en la materia.
El pasado viernes, la delegación Mexicali de la Canacar dio a conocer que este lunes 26 de octubre se realizará una movilización en el sector transportista por diferentes inconformidades que padecen, entre las que destacaron la extorsión por parte de autoridades que los amenazan con retenerles sus unidades en corralones si no acceden a una extorsión, por lo que con una protesta buscan llamar la atención de las autoridades federales.
Jiménez Laveaga puntualizó que la extorsión por parte de las autoridades no opera de igual manera en cada municipio, al contar cada uno con una normatividad distinta, siendo más común que esto suceda más en Tijuana, debido a que allá es más rigurosa hacia los transportistas.
El también ex delegado de la Canacar de Mexicali dijo tener conocimiento que existe una propuesta de modificación del reglamento de aquella ciudad, sin embargo, no se ha concretado.
“(Esto) tiene que ver con áreas de oportunidad, donde la corrupción y la extorsión , en cada poblado tienen la discrecionalidad de poder extorsionar con un uniforme y con una patrulla y cada vez lo hacen de una manera más cara. En Baja California, es uno de los dos estados, de los 32 que no ha armonizado su ley de movilidad estatal con la ley general de movilidad”, manifestó.
El transportista insistió en que cuando existe un señalamiento de extorsión por parte de servidores públicos, por la falta de la normatividad correspondiente, ni la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de la Guardia Nacional o de las diferentes policías municipales, de responder ante dicho señalamientos de presunta corrupción.
Empresarios transportistas señalaron el pasado 23 de octubre que son sujetos a múltiples extorsiones por parte de policías o agentes de la Guardia Nacional que los extorsionan, amenazándolos que si no ceden, les retirarán la unidad y por ende, las mercancías que transportan, lo que los orilla a aceptar.
Con información de La voz de la frontera
