• Condicionar la inversión al escrutinio de instancias de seguridad y aplicar la negativa ficta ante el silencio de la autoridad, puede generar obstáculos para inversionistas: Coparmex.

La propuesta de reforma a la Ley de Inversión Extranjera podría comprometer la certeza jurídica y el clima de negocios en México al introducir mayores controles y discrecionalidad sobre determinadas operaciones, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través de un comunicado.

La iniciativa enviada esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea que determinadas adquisiciones en las que la inversión extranjera pretenda superar, directa o indirectamente, el 49% del capital de una empresa mexicana sean sometidas a una resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).

El nuevo escrutinio aplicaría a empresas de sectores considerados sensibles, entre ellos energía, telecomunicaciones, minería y almacenamiento de datos, además de tecnologías como inteligencia artificial, semiconductores, robótica y ciberseguridad.

Aunque Coparmex reconoció la importancia de salvaguardar la soberanía nacional, advirtió que condicionar estas inversiones al escrutinio de instancias de seguridad, aplicar la negativa ficta ante el silencio de la autoridad e imponer sanciones de hasta 200,000 UMA podría generar obstáculos para los inversionistas.

México atraviesa dudas de inversión extranjera

Estas medidas, señaló, “crearía trabas burocráticas que restan competitividad, vulneran la certidumbre para el nearshoring y pueden contravenir compromisos internacionales enmarcados en el TMEC”.

La iniciativa propone además incorporar con voz y voto a la CNIE a los titulares de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana cuando se analicen posibles riesgos para la seguridad nacional.

La discusión ocurre mientras México aborda con Estados Unidos aspectos relacionados con la revisión del TMEC y después de que el país registrara 34,968 millones de dólares de inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026, el mayor monto para un periodo similar, según cifras de la Secretaría de Economía.

Coparmex pidió al Congreso privilegiar el análisis técnico y el diálogo con el sector productivo, en un contexto en el que solo 23% de sus socios considera que es un buen momento para invertir en México, el nivel más bajo desde que el organismo mide este indicador.

Además de la Ley de Inversión Extranjera, Coparmex puso el foco en el Paquete Económico y la Miscelánea Fiscal 2027, y rechazó medidas que incrementen las cargas para las empresas, encarezcan la formalidad o desincentiven la inversión.

Asimismo pidió que las reformas en derechos de autor y propiedad industrial, así como la regulación de la IA protejan derechos sin imponer cargas excesivas ni frenar la innovación y la inversión tecnológica.

En materia ambiental, solicitó que la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente concilie la protección del medio ambiente con la certeza jurídica y la viabilidad de las inversiones. 

También, ante la legislación secundaria sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, pidió reglas y plazos claros para los procesos de opinión con las comunidades, con el fin de evitar incertidumbre o la parálisis de proyectos.

Entre otros asuntos laborales y empresariales, el organismo pidió evaluar el impacto de las nuevas disposiciones sobre el traslado de menores en transporte terrestre y de la propuesta para ampliar hasta 24 meses el periodo de lactancia en empresas con más de 50 trabajadores. A su vez, consideró que ampliar el acceso a seguros podría fortalecer la estabilidad financiera de las MiPyMEs.

Coparmex también llamó a que las leyes secundarias derivadas de la reforma judicial fortalezcan la profesionalización, evaluación y transparencia de los juzgadores, y pidió que las reformas anticorrupción no generen cargas innecesarias para las empresas. Además, dará seguimiento a la legislación secundaria sobre intervención extranjera para evitar que genere incertidumbre política y jurídica.

Finalmente, ante la vacante dejada por Mónica Soto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pidió que sea ocupada por un perfil técnico y con experiencia electoral, además de garantizar recursos adecuados para instituciones como el INE y las fiscalías.

Con información de Forbes