Mexicali, B.C.- Organismos empresariales de Baja California alzaron la voz de manera conjunta para advertir que el estado mantiene el Impuesto sobre Nómina más alto del país, con una tasa del 4.25%, frente a un promedio nacional del 3%, situación que resta competitividad, inhibe la inversión y encarece la generación de empleo formal.
Durante una rueda de prensa encabezada por Ernesto García Manjarrez, presidente de Coparmex Mexicali, y con la participación de Octavio Sandoval López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Salvador Maese Barraza, presidente de la Industria de Exportación (INDEX); Francisco Fuentes Arestegui, presidente de Canacintra; Gustavo Fernández de León, presidente de la Federación Baja California de Coparmex; Jonathan Díaz Castro, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales; e Ismael Reyes, presidente de Canacar, se hizo un llamado urgente a revisar el esquema fiscal estatal.
Ernesto García Manjarrez señaló que Baja California atraviesa un momento delicado en materia de empleo. De acuerdo con cifras del IMSS, en lo que va del año se han perdido más de 20 mil empleos formales, y el estado presenta una tasa de generación de empleo de -1.7% en la comparación 2025 contra 2024.
“Sabemos que son muchos los factores que inciden en esta situación, pero uno de los elementos que hoy está afectando directamente a la economía es que Baja California tiene el impuesto sobre nómina más alto del país. Esto impacta la competitividad, frena la inversión y dificulta la creación de empleos formales”, afirmó.
Por su parte, Octavio Sandoval López advirtió que la pérdida de competitividad del estado se ha reflejado de manera clara en los indicadores nacionales. Señaló que Baja California pasó del quinto lugar al decimocuarto lugar catorce en los rankings de competitividad en los últimos diez años, lo que evidencia un deterioro estructural en las condiciones para hacer negocios.
En su intervención, Salvador Maese Barraza destacó que Baja California enfrenta una tasa de informalidad laboral cercana al 55%, cuando históricamente fue una de las entidades que más empleo formal generaba en la región norte del país. Añadió que otro factor que limita la competitividad es que la Ley de Proveeduría, promulgada en 2019, sigue sin tener efectos reales debido a que el Congreso del Estado no ha emitido su reglamentación, lo que impide fortalecer las cadenas de valor locales.
A su vez, Francisco Fuentes Arestegui señaló que el panorama para 2026 se percibe con incertidumbre en el crecimiento económico y una mayor carga impositiva para las empresas. Expuso que recientemente el Ayuntamiento de Mexicali pretendió aplicar un incremento del 25% al impuesto predial a los industriales, lo que obligó al sector empresarial a dialogar con la alcaldesa Norma Bustamante, logrando que el aumento se ajustara al 14%, aunque subrayó que sigue representando un incremento adicional a las cargas existentes.
De manera coincidente, los dirigentes empresariales señalaron que mientras las empresas han tenido que ajustarse el cinturón para mantenerse operando, los gobiernos continúan con gastos que no generan desarrollo, recurriendo a incrementos impositivos como solución inmediata, lo cual termina afectando la competitividad y la generación de empleo.
Los organismos empresariales reiteraron que los paquetes fiscales deben ser herramientas para el crecimiento económico y el bienestar social, y no únicamente instrumentos recaudatorios. Subrayan que antes de aumentar impuestos o redireccionar recursos, es indispensable optimizar el gasto público, garantizar transparencia y asegurar resultados verificables.
Finalmente, Coparmex Mexicali y los organismos que integran el sector empresarial organizado reiteraron su disposición al diálogo con el Gobierno del Estado y con el Congreso, para construir soluciones responsables que fortalezcan la economía local y generen oportunidades sostenibles.
“La generación de empleo formal es el mejor programa social”, coincidieron los representantes empresariales.
