Mexicali, B.C.- La reactivación de los Centros de Verificación Vehicular en Baja California “al vapor” sin un plan o protocolo de operación transparente, representa una acción a todas luces recaudatoria impulsada por el Gobierno del Estado que no permitirá incidir de manera palpable en los niveles de contaminación de nuestros municipios, aseguró Alberto Sánchez Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en Mexicali.

El líder de los industriales, señaló que el gobierno actual se contradice, ya que fueron ellos mismos los que en su momento declararon públicamente que dicho instrumento aplicado sin precisión, representaba una recaudación inútil, sin beneficio para los bajacalifornianos.

“Ahora vemos, que a tres meses de concluir la actual administración, reactivan la verificación sin modificaciones o cambios en su estructura que realmente impacten en el medio ambiente, anunciando una operación exactamente igual que en el pasado, solo que más onerosa y sin obligación real para los llamados “autos chocolate” que continuarán en la irregularidad y que seguramente se multiplicarán con esta medida”, precisó Sánchez Torres.

La realidad, dijo, es que no han explicado con claridad las ventajas y beneficios comparativos de la forma en que operará la nueva empresa a la que por adjudicación directa dieron la concesión, alegando que los tiempos no daban para una licitación pública; no sabemos si cumple con certificaciones o existe certeza de sus procesos y equipos para la realización de las evaluaciones.

Los industriales, enfatizó, están a favor de un programa de verificación vehicular en el Estado, pero realizado a través de un proceso eficiente y transparente; que incluya un programa de sensibilización en donde la ciudadanía esté informada al 100% de su operación, así como de los beneficios de disminuir de manera conjunta los índices de contaminación que genera el parque vehicular que representa hasta el 60% de la contaminación ambiental.

Sin embargo, una vez más, finalizó, el actual gobierno de Jaime Bonilla Valdez, aprovecha la eliminación de las restricciones que le otorgó la pasada legislatura para concesionar servicios en plena transición de gobierno de forma opaca y sin importar las consecuencias financieras o legales que podría heredar a todos los bajacalifornianos y a la nueva administración estatal.