– Hacen caso omiso municipios a la alerta de género decretada por la CEDH en materia de seguridad social para policías.

“Tras un análisis del presupuesto de egresos de los ayuntamientos del Estado, Fiscalía General y Poder Judicial en materia de seguridad, es posible percatarse de que, a pesar de algunos aumentos, no se está previendo el presupuesto necesario para quienes salen a las calles a combatir al crimen organizado y la violencia: los policías”, declaró Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado. 

Dejando de lado la Alerta Temprana pronunciada el 5 de noviembre de 2020 por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, en la que se solicitó se emitieran las disposiciones reglamentarias y medidas necesarias para desarrollar y hacer efectivo el derecho a la seguridad de los elementos policiales, de manera que se realizaran las acciones y gestiones necesarias para incluir el concepto de seguridad social en los presupuestos 2021; los presupuestos de las Secretarías y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios quedaron prácticamente iguales a los de 2020.

La Alerta Temprana se emitió derivada de la queja presentada el pasado 8 de julio por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, donde se señaló la violación de derechos humanos de los elementos de las corporaciones policiales, por falta de seguridad social, otras prestaciones y condiciones laborales dignas, lo que sugiere el incumplimiento de lo establecido en la fracción V del artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública del Estado. 

En un plano general, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, la Dirección de Seguridad Ciudadana de Tecate y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito, tuvieron incrementos presupuestarios del 24.7, 14.3 y 11.6 por ciento respectivamente, en comparación con el 2020, mientras que las Direcciones de Seguridad Pública Municipales de Mexicali y Ensenada presentaron disminuciones del 1.4 y 3.9 por ciento.

En relación a la Fiscalía General del Estado, esta tuvo un incremento de solo el 1.7 por ciento comparado al año anterior, mientras el Poder Judicial mantuvo exactamente el mismo presupuesto del 2020.

“No se van a poder contratar y capacitar a más ministerios públicos, así como tampoco jueces ni construir más salas de audiencia, algo fundamental para mejorar la impartición de justicia y el combate a la impunidad en nuestro estado”, concluyó Hernández Niebla.