Mexicali, B.C.- En momentos de aguda crisis económica, la CFE ha acordado con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana reducir la edad y los años de servicio para la jubilación a los trabajadores sindicalizados, lo que establece un régimen de privilegio para estos trabajadores respecto a otros.

Justo cuando se están discutiendo los términos de una profunda reforma de pensiones, en la que las patrones aportan recursos a los trabajadores y el Gobierno no hace aportación alguna, la CFE acepta modificar el contrato para establecer una pensión desproporcionada.

Con esta medida el Gobierno establecería de facto una distinción perversa que dividiría a los trabajadores mexicanos en trabajadores de primera y de segunda categoría.

Destaca en el nuevo contrato la reducción en los años de servicio y edad. Ahora las mujeres podrán jubilarse con 25 años de servicio sin importar la edad y para los hombres se establece 25 años y 55 años de edad, o bien 30 años de servicio sin importar la edad.

Con esta pensión de privilegio, el Gobierno intenta congraciarse con los trabajadores eléctricos en una clara acción política con fines electorales, sin importarle garantizar justicia pensionaria a los miles de mexicanos de a pie que se jubilan al llegar a sus 65 años.

Se trata de una medida que regresa a los tiempos de las pensiones de privilegio. Los pensionados de la CFE actualmente cuentan con mejores condiciones que la gran mayoría de los pensionados de México. Un pensionado promedio de CFE recibe una pensión 8 veces mayor que un trabajador promedio del IMSS. El Gobierno gasta 4.8 veces más en un pensionado de la CFE que en uno del ISSSTE. Un pensionado promedio de la CFE recibe 803 mil pesos al año, mientras que los beneficiarios del Programa de Pensión a Adultos Mayores reciben una pensión anual de 15 mil pesos.

Esta reforma pensionaria en el sindicato de la CFE obliga al Gobierno a adquirir deuda pública, a lo que tanto se ha negado, comprometiendo con ello la viabilidad financiera de la CFE a largo plazo y aún más, la estabilidad financiera del propio Gobierno Federal.

El Gobierno –que negó apoyos para evitar la pérdida de empleos y el deterioro del ingreso de las familias mexicanas ante la crisis sanitaria y económica provocada por el Covid–, está adquiriendo deuda para cumplir sus compromisos políticos.

Desde el comienzo de la presente administración es clara la determinación de volver a los tiempos de los monopolios energéticos. Para lograr la aquiescencia de los trabajadores con esta medida, la CFE otorga a sus trabajadores prestaciones desmedidas.

De acuerdo al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, esta decisión podría tener un impacto de alrededor del 1% del PIB a la hacienda pública. Este costo es equivalente al costo total de los #RemediosSolidarios que propuso la Coparmex desde abril, que de haberse implantado habría evitado la pérdida de un millón de empleos formales y hoy permitiría avanzar en mejores condiciones hacia la recuperación económica.

El acuerdo con el Sindicato compromete las finanzas de la CFE, lo que redundará en el encarecimiento del suministro eléctrico. Esta decisión representa un fuerte agravio a la hacienda pública mientras que se atraviesa la peor crisis económica de la historia.

En medio de la crisis de salud, económica y de confianza que vive el país, el Gobierno ha decidido apoyar a la CFE y bloquear a la iniciativa privada en la producción de energía limpia- Ha instaurado un cuasi monopolio eléctrico estatal lo cual se traducirá, en los hechos, en el encarecimiento del suministro eléctrico que afectará directamente al bolsillo de los mexicanos.

La Coparmex exige una explicación por parte del Secretario de Hacienda para saber de dónde van a salir los recursos para hacer frente a este pasivo. Hace un llamado al Congreso para que emita una postura al respecto.