“Autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica. Miren cómo afecta el paisaje, a la imagen natural. Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores”, dijo Manuel Andrés López Obrador (AMLO) en el parque eólico Energía Sierra Juárez en Baja California durante una gira presidencial a finales de marzo, cuando apenas llegaba el COVID-19 a México.

La ofensiva en contra de las energías renovables no era nueva, pero la pandemia ha ayudado a justificar las acciones del gobierno que ralentizan la transición hacia las energías limpias a las que México se comprometió, según el Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética. La promesa era llegar a generar el 35 por ciento de la energía consumida en el país vía combustibles no fósiles hacia 2024.   

Desde su campaña, López Obrador había mostrado su rechazo a este tipo de energías mientras calificaba de saqueadora a la inversión privada que cada vez tomaba más protagonismo en el sector después de la reforma energética de 2015.

Tan solo dos meses después de tomar posesión, la autoridad energética, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), canceló la cuarta subasta eléctrica –concursos creados a partir de la reforma energética en los que la inversión privada vende electricidad a una tarifa determinada para satisfacer la demanda incremental del país– “tras revisar el marco jurídico y económico”. La noticia se sumó a la cancelación por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la licitación de la línea de transmisión de corriente directa que iría de del estado de Oaxaca al de Morelos para enviar energía eólica al centro del país.

La llegada de la pandemia le cayó como un anillo al dedo a las intenciones del gobierno que aprovechó para publicar dos acuerdos impulsados por la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para frenar a las centrales eléctricas solar y eólica. Los acuerdos siguen la senda de las acciones destinadas a debilitar y a prohibir la generación de la energía a través de fuentes no renovables y al mismo tiempo proteger a la CFE, la empresa del Estado mexicano encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en el país.

“A la CFE no le gusta que las renovables y la inversión privada le quiten mercado. El peligro es que no las dejen producir por un supuesto impacto en la confiabilidad. Eso dejaría fuera a las centrales con costos marginales más bajos y el precio de la electricidad podría subir”, explica Juan Carlos Belausteguigoitia, director del Centro de Energía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“El argumento para lanzar un nuevo marco de electricidad que pone el énfasis en la confiabilidad del sistema está basado en el mal estado de la red y el carácter intermitente de las renovables. Han inventado argumentos seudotécnicos, completamente falsos. En el debate público no pueden ganar. Cualquier institución mira los argumentos técnicos y ninguno se sostiene. Creen que pueden ganar a la opinión desinformada de las mayorías”, dice Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México e integrante de la Plataforma México Clima y Energía (PMCE). “En el acuerdo del Cenace hacen un recuento de fallas en el sistema, y, con la excepción de un solo caso, las plantas eólicas o solares no estuvieron involucradas”.

El freno operativo afectaría a 28 plantas solares y eólicas listas para arrancar, según la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE); con una capacidad de 3 mil 270 MW, suficiente para cubrir las necesidades eléctricas de casi tres millones de hogares. Las plantas representan el 50 por ciento de la capacidad prevista para este año y 6 mil 400 millones de dólares en inversión directa. Entre las empresas afectadas están los gigantes Enel e Iberdrola, que contaban con varios proyectos en periodo de pruebas antes de la suspensión, y que ya han tomado acciones legales. Iberdrola anunció la cancelación de una inversión de mil 200 millones de dólares para una plata de ciclo combinado, debido a la incertidumbre, pero finalmente se desdijo.

“Nunca más permisos para afectar el medio ambiente, para la contaminación visual. Hay que respetar la naturaleza. Esto es patrimonio de la humanidad. Pueden decir que se genera energía eléctrica, muy poco. Además, son negocios privados, por qué se tiene que subsidiar a estas empresas”, dijo López Obrador durante la misma gira en Baja California antes de publicar los acuerdos.

“En estas decisiones no ha habido ninguna consideración ambiental, mucho menos del cambio climático y poco de racionalidad económica”, dice Adrián Fernández. “Todo parte de un modelo ideológico de hace varias décadas que se esconde tras argumentos falsos y manipula unos pocos verdaderos”.

Sin embargo, Fernández y muchos analistas aceptan, tal como lo documentan muchos reportajes, que el pasado no fue mejor. Los contratos leoninos imperaban en el sector eléctrico y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y permitían que los generadores privados de energía eléctrica (fundamentalmente los de autoabastecimiento) se aprovecharan de los vacíos regulatorios.

A las diferentes medidas del gobierno le siguen cayendo una lluvia de solicitudes de amparo (van más de 170) por parte de las empresas afectadas, así como de organizaciones ambientalistas. El amparo obtenido por Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) el pasado 24 de junio consiguió la suspensión de los acuerdos reclamados. Días antes la asociación civil Defensa Colectiva había obtenido otro amparo contra la nueva política de la Sener. El sector privado ve en estas medidas una violación del estado de derecho.

El origen del conflicto: ‘el saqueo’

“Se termina el saqueo. Las empresas particulares, en especial las extranjeras, las españolas, abusaron y con influyentismo se convirtieron en monopolios que afectaron el interés nacional, la hacienda pública, tan es así que hay una empresa de estas que se llevó a trabajar a la Secretaria de Energía y a un expresidente de consejero, a un expresidente de la República. Es una vergüenza. ¿Qué? ¿En España pueden hacer eso?”, dijo AMLO en una de sus conferencias matinales donde reafirmaba su apoyo a los acuerdos de la Cenace y Sener.

Pese a las inverosímiles razones de AMLO para justificar estos acuerdos, el presidente mexicano no es el único que critica el proceder de ciertas empresas de energía renovable. De hecho, un reportaje de la periodista Diana Manzo para la plataforma de periodismo de investigación, Connectas, destacaba el escaso aporte de los proyectos eólicos locales.

“En México las empresas eólicas solo otorgan el 1 por ciento de las ganancias directas a los campesinos que aceptaron rentar sus tierras y no el 4 por ciento, como en otros países. Además de haber firmado contratos poco claros y con escasos beneficios, con el paso de los años las empresas han traspasado los parques eólicos y en estos nuevos arreglos no se incluyen a los pobladores. En Oaxaca, donde los paisajes cambian para dar paso a cientos de torres con turbinas blancas, las empresas no han pagado impuestos a los municipios y han facilitado la importación de materiales que no benefician al mercado mexicano”, asegura dicho artículo.

La afirmación de AMLO respecto al mal accionar de las empresas privadas se ha convertido en su argumento central para rechazar de tajo a las energías limpias. El presidente nunca vio con buenos ojos la reforma energética de 2015 que abrió el sector a la iniciativa privada, ni tampoco los contratos de autoabastecimiento que años atrás permitieron a empresas producir su propia energía.

“Es cierto que la empresa privada abusó de estos contratos y buscó lucrarse indebidamente a partir de los huecos regulatorios”, dice Andrés Fernández, de la PMCE, quien asegura que varias enmiendas a estos contratos como la de 2014 permitieron a las empresas extender su alcance de una manera que limitaba con la ilegalidad.

Con la liberalización que representó la reforma, el sector creció apoyado por contratos por subastas. Este sistema logró bajar el precio por debajo del costo promedio de las plantas de la empresa estatal. Además de las subastas, la reforma creó un mercado con precios variables. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) recibe la oferta de esa central y calcula el precio que se pagará en función de la demanda. Las primeras son las renovables por ofrecer los precios más bajos (20,57 dólares por MW según la Comisión Reguladora de Energía), mientras que las centrales térmicas, más antiguas y principalmente en manos de la CFE (141 dólares por MW), quedan relegadas, lo que le parece injusto al gobierno que no quiere perder más participación.

En el país operan 113 centrales renovables con una capacidad instalada de 10.086 MW, según datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex). La multinacional de origen italiano Enel lidera con 11 plantas (2.048 MW), seguida de la española Acciona con siete plantas (1.056 MW), de la mexicana Zuma (747 MW) y la española Iberdrola con siete plantas (637MW).

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), el 23.4 por ciento de la electricidad consumida en el país proviene de fuentes limpias, como la solar, eólica, nuclear o geotérmica. En el último año, asimismo el país sólo logró incrementar la participación de las energías limpias en el total de generación en 2 puntos porcentuales. El 26 por ciento de la capacidad instalada total está en la región oriental, donde está el Istmo, pero allí solo se consume el 16 por ciento.

El viento en contra

A las solicitudes de amparo de las empresas implicadas y organizaciones ambientales se sumaron dos cartas a la Secretaría de Energía firmadas por los países de la Unión Europea y Canadá para pedir una reunión urgente ante lo que consideran medidas “de profunda preocupación que atentan contra la inversión de Energías Renovables en el país”. Esto se suma a las declaraciones expresadas en el mismo sentido por el Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, y a los gobernadores de seis estados mexicanos, que firmaron un manifiesto «a favor del derecho humano a un medio ambiente limpio y al desarrollo de energías renovables».

“Las acciones emprendidas por México podrían ser el comienzo de una larga batalla de arbitrajes al vulnerar los compromisos de México con nuestros mayores aliados comerciales”, dice Juan Carlos Carlos Belausteguigoitia, del ITAM.

El informe “Powering Change: Energy in Transition”, que recopila opiniones de más de 2 mil líderes empresariales de los países del G20, ubicó a México entre los tres países más atractivos para invertir en energías renovables. Sin embargo, México se puede convertir en el único país del G20 que va en contra del desarrollo de este tipo de energías, contraviniendo los acuerdos climáticos, comerciales y de inversiones internacionales.

“El gobierno parte de un objetivo ideológico político que no tienen ningún sustento, ni siquiera de la seguridad energética de la que tanto hablan”, dice Adrián Fernández. “No mencionan que la transición es necesaria mientras nosotros estamos invirtiendo en refinerías”. Fernández se refiere a la construcción de la refinería Dos Bocas en Tula y la rehabilitación de las seis refinerías existentes que representan una inversión de más de 8 mil millones. Un anacronismo contaminante que ningún especialista en el sector energético comprende.

Según Luis Rubio, director General del think tank México Evalúa, que también hace parte de la PMCE: “Ante la profunda crisis económica que se avecina, y las necesidades de una pronta recuperación de la economía afectada por la pandemia de COVID-19, es necesario generar empleos por medio de inversión privada que se sumen a los esfuerzos e inversiones que el propio gobierno federal realice con recursos públicos. Es necesario impulsar la transición energética mediante los mecanismos que las leyes en la materia hoy ofrecen y a ver al sector privado como un aliado”.

Con información de América Economía.