LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ LA PROPUESTA

Por Sandra Cervantes

Tijuana, B.C.- Para la comunidad empresarial de Tijuana, las implicaciones de la propuesta de Reforma Fiscal 2020 del gobierno federal tiene áreas de mejora, tan sólo por el hecho de equiparar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, además de que la carga impositiva continúa recayendo en los contribuyentes cautivos.

El documento que presentó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) al Congreso de la Unión, señala que la compra o adquisición de facturas falsas con ánimo de evadir el pago de impuestos, constituye un delito fiscal mas no un delito de delincuencia organizada.

Mientras que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a nivel nacional emitió su postura en la que consideró factible alcanzar el objetivo que busca el gobierno federal de atacar a los grupos delincuenciales que se dedican a comercializar facturas, si se restringe la aplicación de este régimen a los delitos de venta de facturas (113 Bis del CFF).

“A los de defraudación fiscal y su equiparada, únicamente cuando se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas, por lo que hacemos un llamado para ajustar la reforma y evitar incertidumbre a la inversión productiva”, precisa.

No obstante, dicha medida permaneció en la propuesta al ser aprobada por los diputados federales, indicó el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, quien refirió que los ciudadanos de a pie son quienes quedan sujetos a esta medida pero no los servidores públicos, a pesar de que éstos han sido parte de la corrupción.

“Los funcionarios públicos pueden malversar 20 mil millones de pesos y no pisan la cárcel ¿por qué? Porque en esta nueva propuesta se está criminalizando al ciudadano por una omisión que puede exceder los 7.8 millones, pero ellos pueden desviar fondos por miles de millones de pesos sin sanción alguna”, subrayó.

A consideración de Solís Farías, esta medida podría provocar mayor corrupción y malas prácticas, en lugar de incentivar la economía formal y erradicar la informalidad, a fin de que sean más los contribuyentes de impuestos, y no que el peso impositivo recaiga en los cautivos.

La Concanaco coincidió al mencionar en su documento de propuesta que una forma de evitar la defraudación fiscal es combatiendo la informalidad.

“Los negocios sin registro, ambulantes y los que son parte de concesiones estatales o municipales siguen operando sólo con pagar cuotas a personas que protegen y no ayudan a que dichos negocios cumplan sus obligaciones fiscales. Se considera que dentro del comercio informal sí se dan conductas de delincuencia organizada y contrarias a la seguridad nacional”, destaca.

Por su parte, José Antonio Melgar Díaz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) explicó que las propuestas contemplan una fiscalización más fuerte y coercitiva, debido a que no se prevé un incremento en las tasas impositivas, sin embargo, el gobierno federal requiere de una recaudación eficiente para cumplir con compromisos sociales.

Para el dirigente de la AMCP, la contribución debe ser proporcional y equitativa y una obligación de los contribuyentes, pero también se requiere de salvaguardar sus derechos.

“Son medidas excesivas, están hablando de un tercer colaborador que informe al SAT un hecho que puede considerarse como operación inexistente, es un supuesto que da pie a una investigación y es una vulnerabilidad porque no se conoce la fuente”, enfatizó.

Mientras que Román Caso Espinosa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (Canieti), consideró que lo que el país requiere es certidumbre para la generación de negocios y empleos, lo cual no se está reflejando en la mecánica de la reforma fiscal.

“No se ve una apertura a escuchar y medio razonar lo que presentamos, y al no haber una mesa de plática, impugnar es la única mecánica”, advirtió el dirigente.