El mundo del trabajo es dinámico y evoluciona día con día. Las condiciones políticas, sociales, demográficas y económicas de nuestro país han creado la necesidad de adecuar el marco normativo para lograr el crecimiento que México demanda a través del equilibrio de los factores de la producción, tutelando el trabajo digno y decente que merecen los individuos, pero fomentando también la productividad y la competitividad de las empresas para que puedan estar en igualdad de circunstancias en el mundo globalizado actual. Esto, es posible lograrlo mediante un marco normativo que de certidumbre jurídica a trabajadores y empleadores.

Con respecto a los apartados sobre derecho colectivo y sindicalización, existen en las iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo que se encuentran actualmente en estudio en el Poder Legislativo varios puntos que merecen atención, sin embargo, me enfocaré sólo en dos.

El artículo 378 de la iniciativa prohíbe a los sindicatos ejercer actos de violencia en contra de sus miembros, del patrón, sus representantes y sus bienes o en contra de terceros, pero la sanción no es suficientemente disuasiva para evitar estas prácticas que tanto dañan a las empresas y que ponen en riesgo su supervivencia, por lo que, debe considerarse sancionar con la cancelación del registro y la disolución del sindicato a las organizaciones que cometan actos de extorsión a las empresas y a otros sindicatos, realizando amenazas de huelga y otros actos que pongan en riesgo las actividades laborales y productivas, así como la estabilidad de los trabajadores.

Otro tema que cobra especial relevancia en estos tiempos es garantizar el derecho de los trabajadores a no sindicalizarse como parte de la libertad sindical.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la libertad de asociación se manifiesta en tres aspectos fundamentales:

Libertad de formar una asociación o unirse a una ya existente;

Libertad de permanecer o no en una asociación y

Libertad de no asociarse.

Este criterio concuerda con el artículo 1º del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado el año pasado por el Senado mexicano, el cual dispone que los trabajadores deben estar protegidos contra todo acto de discriminación que menoscabe la libertad sindical en relación con su empleo y que tal protección debe ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto “a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato”.

No obstante, en el inciso e) del artículo 390 Bis del proyecto analizado, no se contempla la posibilidad de que los trabajadores hagan valer su derecho a no sindicalizarse, en este inciso debe incluirse la opción de expresar la voluntad del trabajador de no formar parte ni ser representado por ninguno de los sindicatos.

Debe privilegiarse el tripartismo, el cual promueve la participación activa de trabajadores, empleadores y gobiernos mediante el diálogo social. Los legisladores tienen la gran oportunidad de fortalecer el estado de derecho que otorgue certeza jurídica a los factores de la producción.

Enrique Octavio García Méndez

Licenciado en Derecho por la Universidad del Mayab

Secretario General de la CONCANACO SERVYTUR

Miembro del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI).