Ensenada,  B.C.-  (CMIC), consideró que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reconoce la necesidad de crear políticas públicas para el fortalecimiento de empresas locales y regionales mediante la asignación de obras.

Destacó que la CMIC representa a 12 mil afiliados, quienes generan 6 millones de empleos, cifra que evidencia que la inversión en infraestructura es un importante detonador de empleo para activar la cadena productiva y de valor.

Sin embargo, dijo, “nos hemos visto muy golpeados en lo que se ha invertido desde el sector público”.

El líder nacional mencionó que, en el 2018, el monto fue equivalente al 2.5 del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que hace 10 años se invertía el doble.

“Estamos haciendo un análisis del Programa Nacional de Infraestructura (IPN), y posiblemente llegue al 75 por ciento de lo que habían comprometido. Esto generó que los recursos contemplados no llegaran a los estados ni municipios”, refirió Ramírez Leal.

El dirigente de CMIC añadió que queda claro que Andrés Manuel López Obrador y todo su equipo lo tienen dentro del discurso e incluso ya

han estado con Javier Jiménez Espriú, quien se convertirá en el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Enfatizó en la importancia de validar las empresas, es decir, que sean mexicanas y la mayor parte regionales, porque de esta forma habrá un crecimiento equilibrado en el país. Sin embargo, observó que no hay una política pública que lo dicte.

“El poder trabajar libremente en el país es un derecho plasmado en la Constitución Política Mexicana, sin embargo, tenemos que hablar de políticas públicas para propiciar desarrollos regionales”, comentó.

Sobre los planteamientos de la CMIC para la próxima administración federal, Eduardo Ramírez Leal puntualizó en una planeación a largo plazo de la infraestructura en todo el país, con la revisión del Consejo Nacional de Infraestructura para determinar que sean obras que se requieren y no a contentillo de los gobernantes en turno.

“Es un problema complejo que hemos discutido con el equipo técnico del gobierno federal”, abundó.

Concluyó argumentando que los proyectos deben arrancar con una planeación ordenada y objetiva con impactos sociales, regionales, ambientales, y que generen empleos, además de que no se desvíen los recursos asignados a cada uno de los planes y proyectos.