Tijuana,  B.C. – Se redefinen conceptos, se habla de mayor certeza jurídica y una implementación tecnológica con áreas de oportunidad en cuanto a las reglas de operación.

Las reformas a la Ley Aduanera aportan algunas redefiniciones que favorecerán a los agentes aduanales al proporcionar mayor certidumbre, así como una implementación tecnológica necesaria, sin embargo, aún requiere de armonizarse en cuanto a las reglas.

Así lo expresa Octavio de la Torre Stéffano, abogado fiscalista y socio director de la firma TLC Abogados, mencionando que las reformas entrarán en vigor en diciembre de 2018.

“Esta reforma atiende más a definiciones e implementación de conceptos nuevos que tienen que ver con tecnología, con aduanas sin papeles, con una aduana que se pretende que sea automatizada, y una serie de revisiones en cuanto al marco jurídico de la ley”, explicó.

La implementación tecnológica, expuso, está siendo casi de obligada observancia por los miembros de la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial del Comercio.

“Toda esta cuestión tecnológica es lo mejor que nos puede pasar a todos, porque el tema de la tecnología, desde una perspectiva amplia, te permite llevar a cabo trámites y operaciones sin intervención del humano, y eso, de entrada, reduce tiempos y una serie de condiciones que son muy atractivas para el comercio exterior”, opinó.

De la Torre refirió que se crea una figura nueva que es la de la agencia aduanal, la cual favorece a este gremio en cuanto a que pueden transformar sus empresas en corporaciones, obteniendo un beneficio a largo plazo sin perder la inversión que se tiene de cuatro generaciones atrás.

Aún tiene áreas de oportunidad

“Habría que seguir haciendo un análisis, porque la ley, la de 2013 y la que está vigente, tienen áreas de oportunidad, ya que de manera precisa no te establece un límite en cuanto a las facultades que pueda tener la autoridad”, señaló el abogado fiscalista.

Afirmó que se trata de una ley que manda a disposiciones que puede publicar el Servicio de Administración Tributaria (SAT), es decir, no existe un límite entre las facultades del que legisla y del que ejecuta.

“Genera que, en muchos de los casos, el poder ejecutivo esté implementando cambios y modificaciones de manera constante, que es lo que a los contribuyentes les llega a afectar, porque es difícil seguirle el paso a los cambios que se llevan a cabo en materia de comercio exterior y aduanas”, apuntó.

La maquila sin mayores cambios

En el tema de las IMMEX, existe un régimen aduanero que se mantiene como tal, que no sufre cambios, aseguró Octavio de la Torre, dado que las operaciones de maquiladora están sujetas a un decreto y no a la ley aduanera.

“Las obligaciones que se les ponen no sólo son para las IMMEX, sino para los 120 000 importadores y exportadores que existen en el país, de cuyo universo las IMMEX representan 6,000”, comentó.

Sin embargo, existe una obligación que se ha venido rezagando y que tiene que ver con el transporte.

El socio director de TLC Abogados abundó que la certificación del transporte viene desde el 2005 como una tendencia internacional, a cuyo programa se adhirió México en 2011, denominado Operador Económico Autorizado, que en Estados Unidos se llama CT-PAT.

“Este programa establece distintos niveles de certificación, y hay uno en particular que tiene que ver con el transporte, porque la intención es que toda la cadena logística de suministro sea segura para evitar contaminaciones, drogas, armas”, detalló.

Al tener esta certificación, las empresas pueden utilizar un carril exclusivo para el cruce de mercancías.

“La certificación aparece en la ley aduanera de 2013, en el artículo 100-a, entonces no es una obligación nueva, sino que se ha ido postergando”, concluyó el abogado fiscalista.