Mexicali, B.C.- Luego de cinco detenidos Constellation pudo trabajar en la surco para su acueducto

La barrera imaginaria de la propiedad privada finalmente fue vulnerada y los policías ingresaron al Rancho Mena para detener a los manifestantes que durante el 16 de enero se opusieron a que una máquina retroexcavadora realizara la zanja por donde pasará la tubería que llevará agua a la empresa cervecera Constellation Brands.

La violencia se desató desde las 9 de la mañana cada vez que la máquina se acercaba a realizar la zanja, pues desde la propiedad privada, a unos cuantos metros de la excavación, los ciudadanos en contra de la instalación de la cervecera estadounidense, lanzaban tierra, piedras y rociaban agua al aparato.

Entre agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Policía Ministerial, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de seguridad privada eran más de 200. Algunos bloqueando los accesos a esa zona de terracería donde hay casas y escuelas, otros a poca distancia esperando la instrucción para acercarse.

La obra de infraestructura hídrica, del cual la empresa cervecera asegura tener los permisos en regla, pasará por terreno propiedad federal, pues es paralela a un canal de riego bajo la tutela de la Comisión Nacional del Agua.

La oposición radica en que Mexicali es una de las zonas más áridas del país, incluso con sequía reconocida por todas las autoridades, pero Constellation Brands logró convencer al gobernador Francisco Vega de Lamadrid para que le facilitará la instalación en un lugar donde gastaría muy poco por el flete, porque el principal mercado de esta empresa que fabrica cervezas como Corona y Modelo, es precisamente el estado vecino California, en Estados Unidos.

En medio de los diversos enfrentamientos algunas personas fueron sustraídas por los policías y ministeriales presentes, que se contabilizados en 6 detenidos a quienes identificaron como Jorge Benítez, José Luis Pozo, Juan Antonio Fregoso, Daniel Béjar y Javier Guillén; además de decenas de heridos entre las dos partes.

Reconoce Kiko Vega que detenciones de manifestantes fueron ilegales

Al responder que hay ocasiones que los propietarios de predios dan permiso a los policías para que puedan ingresar a realizar detenciones, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid reconoció que las aprehensiones de manifestantes dentro del Rancho Mena fueron ilegales.

El mandatario de Baja California, con circunloquios y dificultad para ordenar coherentemente sus ideas, respondió a la pregunta expresa sobre la legalidad de las detenciones en propiedad privada sin permiso de los dueños, afirmando que hasta el momento no había denuncia por parte del dueño de la propiedad.

Y es que el día de los disturbios las 6 personas arrestadas fueron detenidas cuando los agentes policiales violentaron propiedad privada sin orden judicial para poder hacerlo.

El dueño del predio ubicado en la colonia Colorado III, Salvador Mena García, anunció que presentaría demanda contra los agentes policiales por allanamiento de morada, por lo que sus abogados están preparando el recurso legal.

Vega de Lamadrid dijo que el movimiento de resistencia en Mexicali es belicoso que no aporta ninguna propuesta.

“No es correcto, ni que hayan atacado un vehículo, no es correcto que hayan atacado a ciudadanos, no es correcto que hayan apedreado, no es correcto y a su vez también es lamentable tener personas con heridas de gravedad, que tardan más de 15 días en sanar, como descalabrados incluyendo a su compañero periodista, como a quien le afectaron un ojo, no es correcto a su vez también, a nadie arrojarle orines y excremento”, indicó  Vega de Lamadrid sobre la batalla campal entre policías y manifestantes.

Por su parte, el subprocurador zona Mexicali, Fernando Ramírez Amador, indicó tres de los aprehendidos ya fueron liberados y llevarán su proceso en libertad, mientras que otras tres permanecen detenidos para fincarles responsabilidades.

Por encontrarse dentro del plazo legal de 48 horas para turnar las investigaciones al Poder Judicial, el funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se reservó los delitos por los que se acusa a los detenidos.

En funcionario estatal evadió responder sobre la legalidad de las detenciones en propiedad privada sin permiso de los dueños ni mandato judicial.